El Gobierno de Brasil creó hoy un fondo que pretende captar donaciones voluntarias de entidades privadas de todo el mundo para financiar la campaña de combate a la desforestación de la Amazonía, informaron fuentes oficiales.
"Tenemos consciencia de lo que la Amazonía representa para la humanidad y para Brasil y que si se destruye, será utilizado como un instrumento contra nuestro país y nuestros productos", afirmó el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la ceremonia de firma del decreto que institucionalizó el fondo.
Lula aprovechó para volver a reivindicar la soberanía de Brasil sobre la mayor selva del planeta, criticó que muchos extranjeros "hablan de la Amazonía como si fuesen los dueños" y garantizó que Brasil va a asumir "todas las responsabilidades" sobre su preservación.
Este mecanismo económico, bautizado "Fondo Amazonía", pretende recaudar 1.000 millones de dólares en su primer año de vigencia entre donantes privados de Brasil y del extranjero.
Sus recursos serán aplicados en la prevención y el combate a la desforestación del bosque amazónico, además del desarrollo de otras iniciativas para la conservación de su ecosistema.
La idea del fondo surgió de la Conferencia de la ONU sobre cambios climáticos celebrada en 2006 en Nairobi.
Tendrá la participación de cinco ministerios y estará coordinado por el ministerio de Casa Civil (Presidencia). La administración del caudal correrá a cargo del estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que deducirá el 3 por ciento del valor de las donaciones para la cobertura de sus gastos operacionales.
El 20 por ciento del total recaudado será utilizado para el desarrollo de sistemas de vigilancia y control de la tala ilegal en otros ecosistemas y en otros países tropicales.
El Fondo contará con dos comités. El comité técnico estará formado por seis especialistas en reducción de emisiones de gas carbónico generadas por la deforestación, que evaluarán la cantidad de carbono emitido por hectárea luego de la tala del bosque amazónico.
El comité orientador, compuesto por nueve miembros del Gobierno federal, de los regionales y de la sociedad civil, estará encargado de trazar las directrices para la aplicación de los recursos.
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